Los datos que registran los conflictos armados no deben ser tratados como cifras abstractas, ajenas a la trágica realidad humana que representan. Desde una perspectiva feminista, es imperativo reconocer que la guerra no es un fenómeno neutro: más bien, profundiza las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y las niñas en tiempos de paz, y les imponen cargas y riesgos únicos que con frecuencia quedan ocultos en los informes generales sobre conflictos.

 Desde hace mucho tiempo se sabe que cuando estalla un conflicto armado, las mujeres y las niñas no solo pierden sus hogares y sus medios de subsistencia. También ven desaparecer las mínimas condiciones de seguridad que les permitían moverse libremente por sus comunidades, acceder a servicios básicos como la salud y la educación, o protegerse de la violencia de género. En contextos de desplazamiento —ya sea interno o como refugiados en otros países—, estos riesgos se multiplican exponencialmente: la violencia sexual, el abuso y la explotación se convierten en amenazas constantes, utilizadas algunas veces como herramienta estratégica de guerra o aprovechadas por la desaparición de instituciones y redes de apoyo que garantizan su protección.

 Las infancias, en particular, no escapan a las consecuencias devastadoras de los conflictos. Según registros disponibles, desde el inicio del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, más de 200 niñas y niños han perdido la vida, y más de mil han resultado heridos. Entre estos hechos trágicos, destaca el ataque con un misil estadounidense que destruyó una escuela, cobrando la vida de 160 niñas —un espacio que debería ser un refugio seguro para el aprendizaje y el desarrollo infantil.

 Estos números no son meras estadísticas: cada uno representa una vida truncada, familias destrozadas y comunidades que pierden a sus futuras generaciones. Desde una perspectiva feminista, es esencial cuestionar las narrativas dominantes que presentan la guerra como un asunto exclusivo de seguridad nacional o poder geopolítico, sin considerar el impacto desigual que tiene en los cuerpos y las vidas de las mujeres y las niñas. Solo al visibilizar esta realidad podemos exigir la implementación de políticas que prioricen la protección de los grupos más vulnerables y trabajen hacia la construcción de una paz justa, inclusiva y sostenible.

 En los debates públicos sobre el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, hay un elemento que suele pasar desapercibido: Irán ha sido históricamente un país receptor de personas refugiadas, albergando una de las poblaciones refugiadas más grandes del mundo. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en la actualidad acoge alrededor de 4,4 millones de personas, la mayoría provenientes de Afganistán, quienes buscaron en su territorio un refugio frente a la violencia y la inestabilidad en su país de origen.

Hoy, esas mismas familias —que ya vivían en condiciones precarias durante años, con acceso limitado a servicios básicos y oportunidades de desarrollo— están siendo desplazadas nuevamente. Se enfrentará a la cruel realidad de huir por segunda vez, ahora ante el estallido del conflicto en Irán, sin contar con los recursos económicos ni las redes de apoyo que podrían ayudar a hacer frente a esta nueva crisis humanitaria.

 Un dato especialmente preocupante es que el 71% de la población refugiada en Irán está compuesta por mujeres y niñas, quienes ya eran un grupo vulnerable antes de la situación actual. Sus necesidades son urgentes y no pueden seguir siendo ignoradas: dos de cada tres requieren un refugio seguro para protegerse del peligro; más de la mitad necesita atención médica, tanto para tratar problemas de salud crónicos como para hacer frente a las consecuencias psicológicas del estrés y la inestabilidad; y una de cada tres personas no tiene garantizado el acceso a alimentos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En pocas palabras, se trata de personas que luchan por sobrevivir, literalmente.

 Esta situación pone de manifiesto cómo los conflictos armados no solo afectan a la población local del territorio donde se desarrollan, sino que también exacerban las dificultades de quienes ya habían huido de otras guerras. Es fundamental que la comunidad internacional reconozca esta realidad y actúe con prontitud para garantizar que estas familias refugiadas reciban el apoyo y la protección que necesitan, especialmente las mujeres y niñas que llevan la mayor carga de esta doble crisis.