Hoy 24 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con la fiscal general Ernestina Godoy presentaron una iniciativa de ley general contra el feminicidio, la cual contempla una reforma constitucional al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito es dotar al país de un marco legal nacional unificado para investigar, sancionar y reparar el daño causado por este delito de manera homogénea en todas las entidades federativas.

 Según Godoy, el objetivo central de la iniciativa es garantizar a mujeres, niñas y adolescentes el derecho a una vida libre de violencia, acciones mediante acciones coordinadas entre las instituciones públicas. La reforma al artículo 73 tiene como fin facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general, lo que permitirá establecer criterios comunes que pongan fin a las disparidades existentes en la persecución del delito en los diferentes estados, donde hasta ahora se manejaban lineamientos distintos, contribuyendo a la impunidad.

 La propuesta define el feminicidio como el hecho de privar de la vida a una mujer por razones de género, con penas que van de 40 a 70 años de prisión, y la tentativa se sancionará con entre la mitad y las dos terceras partes de esa pena. Se establecieron nueve razones de género que caracterizan el delito, como signos de violencia sexual, motivaciones basadas en estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder. Además, se incluyen 21 agravantes, entre las que destacan que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con discapacidad; que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; o que el crimen sea cometido por una persona servidora pública, así como la presencia de signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables. 

 Otro aspecto relevante es que desde el inicio de las investigaciones se ordenará el aseguramiento de los bienes del presunto agresor para garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias, que incluye no solo compensaciones económicas, sino también atención psicológica y apoyo a los hijos o hijas de las víctimas.

 La iniciativa se presenta en un contexto crítico: en 2025, hasta septiembre se registraron 513 feminicidios en el país, con un repunte en el mes de septiembre, y se estima que alrededor de 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día. Además, la tasa de impunidad supera el 95% y solo el 2% de los casos concluye con una sentencia penal.