Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó en la conferencia mañanera que las extorsiones originadas en centros penitenciarios se han convertido en una de las principales fuentes de este delito en el país, un problema que también afecta directamente a la población local.

 Según datos oficiales, 12 cárceles concentran el 56% de las líneas telefónicas que se utilizan para realizar estas extorsiones, lo que ha llevado a las autoridades a diseñar un plan con medidas tecnológicas para contrarrestar la actividad. Entre las herramientas que se implementarán en diferentes penales se encuentran inhibidores de señal, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y sistemas de circuito cerrado, con el fin de evitar que los internos tengan acceso a dispositivos móviles y utilicen comunicaciones para cometer delitos.

 Hasta el momento, se han realizado acciones concretas: se retiraron antenas en centros penitenciarios de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, y se bloqueó el servicio total de 3G y 4G en la cárcel de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Estas medidas han permitido bloquear el 33% de las líneas detectadas que se usaban para extorsionar desde los penales.

 Por otro lado, desde que se implementó la estrategia contra la extorsión en julio de 2025, el número de llamadas al servicio 089 ha crecido considerablemente. De estas, el 75% corresponden a extorsiones en tiempo real, mientras que entre julio y noviembre se registró un aumento en denuncias de amenazas y extorsiones previas, que representan el 14% de las llamadas recibidas. Las autoridades señalan que este incremento refleja mayor confianza en el sistema y resalta la importancia de intensificar acciones para desarticular las redes de extorsionadores.

 Las autoridades añadieron que el plan continuará expandiéndose a más centros en los próximos meses, con el objetivo de reducir aún más este tipo de delitos que afectan a familias y negocios del país .