La noche del pasado 10 de diciembre, un capítulo difícil se escribió en la historia del Refugio Franciscano, A.C. Ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, las instalaciones fueron desalojadas por orden judicial —una medida que los responsables del refugio califican como “irregular, precipitada y violatoria de derechos”.

Durante 48 años, el Refugio Franciscano se consolidó como un espacio de rescate y atención para animales en situación de abandono, convirtiéndose en un referente en la región. El desalojo reciente marcó un antes y un después para la institución, y el caso ha tomado mayor relevancia en la opinión pública debido a la incertidumbre que aguarda a sus habitantes.

El punto más delicado del conflicto reside en el destino de mil 100 perros y 30 gatos, muchos de ellos ancianos, con enfermedades crónicas o discapacidad. La sentencia otorgó la guardia y custodia de los animales a la Fundación Haghenbeck, una decisión rechazada tajantemente por quienes han cuidado a estos seres durante casi medio siglo.

La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. Grupos de defensores animales, voluntarios y vecinos se manifestaron afuera de las instalaciones y en redes sociales, pidiendo transparencia sobre la ejecución de la orden judicial y garantías para el bienestar de los animales. Muchos han destacado que el traslado de ejemplares con condiciones de salud frágiles representa un riesgo para su vida, y han pedido que se evalúe el impacto emocional de separarlos de las personas que los han cuidado durante años.

 Por su parte, fuentes cercanas a la Fundación Haghenbeck han señalado que cuentan con las condiciones y personal calificado para atender a los animales, y que su objetivo es garantizar su cuidado mientras se resuelve el conflicto legal. Sin embargo, la falta de comunicación entre ambas partes ha alimentado la preocupación y las dudas sobre el futuro de los rescates.

El fallo del Juzgado 60 Civil: Un paso grande para proteger a los animales en entregas de inmuebles

 El Juzgado 60 Civil de la CDMX tomó en este caso una decisión muy importante para los animales: cuando se entrega o desocupe un inmueble, los animales que estén ahí deben quedar a cargo de la parte que inició el proceso legal (la "actora") —en este caso, la Fundación Antonio Haghenbeck y la Lama—, y todo lo hará bajo la mirada de las autoridades de la ciudad.

 Este fallo es clave porque reconoce algo simple pero fundamental: los animales no son cosas que vienen con el inmueble, sino seres que sienten y necesitan cuidados, incluso en momentos de procesos legales como la desocupación. Al decir quién se encarga de ellos, se evita que queden abandonados, descuidados o maltratados en ese momento tan crítico, cuando nadie sabe a quién le toca darles de comer, un lugar donde dormir o atención médica.

 Además, el fallo tiene una forma de asegurarse de que se cumpla: si la Fundación no cuida bien a los animales, las autoridades pueden actuar según la Ley de Protección a los Animales de la CDMX, específicamente el Artículo 59. Esta norma dice que si hay un riesgo inmediato para la vida o el bienestar de los animales, las autoridades pueden tomar posesión temporal de ellos y de las cosas que necesitan para su cuidado. Así, no tienen que esperar a que pase algo malo para actuar.

 Este caso muestra que los jueces pueden usar las leyes que ya existen para proteger a los animales, incluyendo su cuidado en procesos que antes solo se preocupaban por el edificio o el dinero. También recuerda que las autoridades de la ciudad tienen un papel muy importante: vigilar que se cumplan estas reglas y garantizar que los animales estén a salvo.

La Sedema (Secretaría de Medio Ambiente) y la PAOT (Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial) de la CDMX se harán cargo de cuidar el bienestar de los más de mil perros y gatos que aún permanecen en el Refugio Franciscano .

 La Sedema explicó por qué los animales siguen en el inmueble, aunque ya se fue el personal que trabajaba allí hace tres días: según la dependencia, es lo que dice la sentencia que emitió el Juzgado 60 de lo Civil en el juicio por el control del refugio.