En su sede de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia en el caso García Andrade y otros Vs. México, en la que declara internacionalmente responsable al Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y por la falta de protección a su madre, Norma Esther Andrade, en su condición de defensora de derechos humanos. La jueza presidenta del máximo tribunal regional, Nancy Hernández López, destacó que el caso se desarrolló en un contexto de violencia de género y impunidad generalizada en Ciudad Juárez, y que se registraron violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial.

El 14 de febrero de 2001, un día que debería ser de amor y compañía, se convirtió en el inicio de una pesadilla para la familia de Lilia Alejandra García Andrade. La joven de 17 años, madre de dos hijos y trabajadora en una maquiladora de Ciudad Juárez, Chihuahua, salió de su trabajo y nunca más llegó a casa.

Cuando su madre, Norma Andrade, acudió a las autoridades para denunciar la desaparición, recibió una respuesta que se ha convertido en un símbolo de la indiferencia que han enfrentado miles de familias en México: le dijeron que debía esperar 72 horas, que "seguro estaba con el novio". En su segundo intento de reportar, el agente volvió a minimizar la situación: preguntó por el padre de sus hijos y sugirió que la joven se había ido de casa porque "ya no la aguantaba", además de admitir que solo había dos agentes para atender la gran cantidad de casos de mujeres desaparecidas que acumulaban.

Una semana después, el 21 de febrero, el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado enredado en una cobija en un terreno baldío, entre dos avenidas transitadas de la ciudad: Tecnológico y Ejército Nacional. Su caso se sumó a la larga lista de feminicidios que han convertido a Ciudad Juárez en un emblema de la violencia contra las mujeres en el país.

 A lo largo de los años, Norma ha sufrido amenazas y agresiones por su lucha por la justicia, al igual que quienes la han acompañado en este camino.

La sentencia de la Corte IDH se basa en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado en 2023, en el que se concluyó que el Estado mexicano violó múltiples derechos de Lilia Alejandra García y de su familia. Entre las violaciones destacan el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal y la igualdad, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el deber de prevenir la violencia contra las mujeres previsto en la Convención de Belém do Pará. Asimismo, se determinó que el Estado no brindó protección efectiva a Norma Esther Andrade, violando sus derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección familiar.

La Corte IDH también ha ordenado al Estado mexicano implementar medidas de reparación, que incluyen compensación económica y satisfacción para la familia de Lilia Alejandra García, así como medidas de restitución y garantía de no repetición. Estas últimas implican la creación de estructuras especializadas para abordar casos de violencia de género, la mejora de los mecanismos judiciales y la protección a las defensoras de derechos humanos.

Este caso se enmarca en una larga historia de feminicidios en Ciudad Juárez, que datan de la década de 1990 y han dejado miles de víctimas. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y estatal para abordar la problemática, persiste la impunidad y la violencia contra las mujeres en la ciudad fronteriza. La sentencia de la Corte IDH representa un hito en la lucha por la justicia para las víctimas y sus familias, y una llamada al Estado mexicano para que tome medidas efectivas para erradicar la violencia de género y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

La respuesta del Estado mexicano a la sentencia aún no ha sido anunciada, pero se espera que cumpla con las obligaciones internacionales que le impone la Corte IDH. La implementación de las medidas de reparación y garantía de no repetición será crucial para demostrar el compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia contra las mujeres en México.