La Fiscalía General de la República (FGR) convocó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a una audiencia este martes 30 de diciembre en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte para enfrentar una nueva acusación por corrupción vinculada al desvío de recursos federales destinados al sector salud.

Nuevas acusaciones y pruebas

Esta acción penal es impulsada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y forma parte de una estrategia para procesar más de 100 carpetas de investigación derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata de la presunta desviación de más de cinco millones de pesos de un fondo de salud, y la FGR contará con pruebas sobre los malos manejos de dichos recursos. Además, este caso fue seleccionado estratégicamente: si se logra la vinculación a proceso, se planea replicar el modelo jurídico para el resto de las indagatorias pendientes por desvíos millonarios durante su administración.

Para proceder con estos cargos, se obtuvo una autorización especial del gobierno de Guatemala, país donde Duarte fue capturado en 2017, ya que se trata de delitos distintos a los que motivaron su extradición inicial. La audiencia estaba inicialmente programada para el 27 de noviembre, pero se postergó por un presunto problema de salud del ex mandatario.

Situación jurídica actual y riesgo para su liberación

Duarte cumple actualmente una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, que terminaría en abril de 2026. Sin embargo, si la defensa no logra evitar este nuevo proceso por peculado, la FGR podría solicitar prisión preventiva, lo que impediría su liberación al terminar la sentencia original. Anteriormente, su equipo legal intentó obtener una libertad anticipada, pero fue rechazada por una jueza federal.

Antecedentes de corrupción en el sector salud

Durante la administración de Duarte en Veracruz, salieron a la luz graves irregularidades en el sector salud. El ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que se investigaba la posible administración de agua destilada en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, así como la compra de pruebas de VIH falsificadas. Además, se detectaron medicamentos con fechas de caducidad vencidas en bodegas de la Secretaría de Salud del estado. Un ex funcionario de la dependencia, Jorge Alberto Shadid Manzur, fue sancionado en 2023 por desvíos de 50 millones de pesos del Seguro Popular.