Por Mar Morales 

Entre 2021 y 2022, una niña de apenas cinco años sufrió abusos sexuales en un prestigioso colegio ubicado en el sur de la Ciudad de México. Los hechos, que salieron a la luz tiempo después, revelaron una realidad dolorosa: incluso los espacios que consideramos seguros pueden convertirse en escenarios de vulnerabilidad para nuestros hijos e hijas.

 Según la investigación, el agresor era José Antonio “N”, quien se desempeñaba como chofer y encargado de limpieza en el plantel. El sujeto aprovechaba momentos en que la pequeña estaba sola en los baños para agredirla aprovechando la falta de supervisión en zonas que deberían estar protegidas.

 El proceso judicial avanzó hasta que, en 2023, elementos de la Policía de Investigación lograron su detención y fue acusado de corrupción de menores. No se le acusó de abuso sexual, y lo peor, el daño causado a la víctima y su familia es irreversible.

Este caso dejó al descubierto graves deficiencias en el sistema de vigilancia y control dentro de la institución educativa.

 Un problema que no es aislado

Este suceso no es único. Datos y denuncias de diferentes partes del mundo muestran que la violencia y el abuso en entornos escolares son una realidad preocupante. En Francia, por ejemplo, se estima que el 40% de los casos de violencia contra menores ocurren en escuelas o actividades extracurriculares, y en lo que va de 2026 ya se han suspendido 78 monitores de preescolar por sospechas de conductas indebidas. En México y otros países de América Latina, también se han registrado numerosos casos que involucran a personal docente, administrativo o de servicios, así como a compañeros mayores.

El "cuarto oscuro" que se estremeció en Puebla

En días pasados ​​supimos del hallazgo en el Colegio Carrusel Magone, ubicado en Puebla, donde padres de familia y autoridades descubrieron lo impensable: una habitación oculta, conectada directamente al salón de música, a la que los propios alumnos llamaban el “cuarto oscuro”.

 Lo que parecía ser solo un espacio olvidado se convirtió en la evidencia física de una pesadilla. Según los testimonios de los menores, este lugar no sirve para el aprendizaje, sino para el castigo y el terror. Los niños relataron que, cuando consideraron que “se portaban mal”, fueron llevados allí bajo amenazas para guardar silencio. En ese lugar, aseguran, sufrieron agresiones físicas y, lo más grave, presuntos abusos sexuales.

 Las declaraciones de los pequeños se extreman a la sociedad: hablan de miedo, de dolor y de la traición de confianza por parte de quienes debían protegerlos y educarlos. El hallazgo no solo destapó un posible caso de violencia escolar, sino que abrió una herida mucho más profunda y dolorosa.

 La protección de la infancia es una responsabilidad compartida entre las autoridades educativas, las familias y la sociedad en general. 

 La justicia debe seguir su curso, pero más allá de eso, es necesario trabajar en la prevención. Porque ningún niño debería tener que sufrir en silencio, y ningún espacio debería dejar de ser seguro.