Ciudad de México, 12 de mayo de 2026. — La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció oficialmente este día que su partido iniciará el procedimiento formal de juicio político para solicitar el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional (PAN). La acusación central: comprometió la estrategia de seguridad estatal, violó la Constitución Política, la Ley de Seguridad Nacional y tratados internacionales vigentes, al establecer mecanismos de cooperación directa con agencias de seguridad extranjeras sin autorización federal ni apego al marco jurídico mexicano.

 En conferencia de prensa desde la capital chihuahuense, Montiel explicó que los hechos que motivan la acción política se centran en el operativo ocurrido a finales de abril, en el que fallaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, quienes participaron en coordinadas con autoridades estatales, sin que hubiera mediación, conocimiento ni autorización por parte del Gobierno Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores ni las instituciones competentes de seguridad nacional.

 "México tiene esquemas claros de cooperación internacional en seguridad: la información se comparte, el apoyo técnico se acuerda, pero la operación, la ejecución y la autoridad en nuestro territorio son exclusivas de las instituciones mexicanas. Eso está en la ley y en los tratados. La gobernadora Campos rompió ese equilibrio, puso en riesgo la soberanía y desarticuló la estrategia nacional que se construye desde la Federación ya la que ella se ha negado a integrarse", afirmó el dirigente nacional de Morena.

Los cargos: violaciones legales y daño a la seguridad

Según la exposición de motivos que el partido se presentará ante el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado, la mandataria estatal incurrió en infracciones graves que configuran causales de juicio político:

1. Violación a la Constitución y Ley de Seguridad Nacional: Los artículos 68 y 69 de dicha ley establecen que cualquier relación con organismos o agencias extranjeras en materia de seguridad debe canalizarse obligatoriamente por la Cancillería y contar con aprobación expresa de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. Los estados carecen de facultades para firmar acuerdos o coordinarse directamente, lo que sí hizo la administración estatal en los últimos años, incluso con agencias como DEA, FBI, HSI y CBP, según documentos y declaraciones públicas de sus propios funcionarios.

2. Incumplimiento de tratados internacionales: México es parte de acuerdos bilaterales con Estados Unidos que regulan la cooperación en seguridad, los cuales establecieron límites estrictos: no permiten presencia operativa ni actuación autónoma de agentes extranjeros en territorio nacional. La actuación en Chihuahua contrarió estos compromisos, poniendo en riesgo el marco legal que rige la colaboración binacional.

3. Desarticulación de la estrategia de seguridad: Montiel denunció que Campos Galván ha rechazado participar en las mesas nacionales de coordinación, ha diseñado políticas aisladas y ha creado estructuras paralelas, lo que ha generado contradicciones, duplicidad de acciones y, lo más grave, que las operaciones locales no se alinean con la política nacional, facilitando intervenciones indebidas y exponiendo a la población ya los propios agentes a riesgos innecesarios.

4. Riesgo a la soberanía: La dirigencia morenista calificó lo ocurrido como una vulneración directa a la independencia del Estado mexicano. “No se trata de combatir la delincuencia —el Gobierno Federal ha desmantelado más de 2 mil 500 laboratorios y operativos exitosos sin ayuda externa—; se trata de permitir que actores extranjeros definan o intervengan en cómo se hace seguridad en nuestro país”, subrayó Montiel.

Respuesta política y movilización

Morena informó que presentará las solicitudes formales ante las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, además de impulsar el mismo trámite ante el Congreso local. Paralelamente, Montiel convocó a una movilización estatal para el próximo sábado 16 de mayo en la ciudad de Chihuahua, para exigir que se haga justicia, se esclarezca la totalidad de los hechos y se determinen responsabilidades políticas y legales.

 Por su parte, el gobierno estatal y dirigentes del PAN han rechazado las acusaciones. En declaraciones previas, la gobernadora afirmó que sus buscan proteger a la población, combatir al crimen organizado y que todas las acciones de colaboración se han dado bajo marcos legales, argumentando que la Federación no ha brindado el apoyo necesario. Desde el partido azul, califican el juicio político como una “cortina de humo” para desviar la atención de otros temas nacionales, como las investigaciones contra funcionarios federales o gobernadores de Morena.

Marco jurídico y alcance del procedimiento.

 El juicio político es la vía constitucional para investigar y, en su caso, destituir a funcionarios públicos de alto nivel por actos u omisiones que afectan intereses públicos o violan la ley. Para proceder al desafuero, es necesario que el Congreso determine que existen elementos suficientes para procesar a la gobernadora y suspenderla de su cargo mientras dure el juicio. Se trata de un proceso complejo, que requiere mayoría calificada y que abre uno de los debates políticos más fuertes entre el gobierno federal y estatal en la historia reciente de Chihuahua.

 Para Morena, el caso va más allá de una disputa partidista: “Se trata de defender que en México las reglas las definimos nosotros, que la seguridad se hace conforme a nuestras leyes y que ninguna autoridad estatal puede poner por encima de sus intereses o visión personal la soberanía, la seguridad nacional y el respeto al Estado de Derecho”, concluyó Ariadna Montiel.

 Hasta el momento, la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación penal por los hechos del operativo, mientras que el Senado ya ha citado a comparecer a la gobernadora y al fiscal estatal para que expliquen detalladamente cómo se dio la participación de agentes extranjeros y bajo qué autorización actuaron.