El aroma de las flores sigue flotando por las calles y campos de San Salvador Atenco, igual que hace veinte años. Pero ese olor, que durante generaciones ha sido símbolo de trabajo, tradición y vida, hoy también se mezcla con el recuerdo amargo de la violencia, el dolor y la impunidad. Este 3 y 4 de mayo se cumplen dos décadas de aquellos días que marcaron para siempre la historia de este pueblo de floricultores, cuando bajo el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, un operativo policial desató una ola de represión que se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos no solo en México, sino en todo el continente.

Todo estalló hace 20 años, cuando la población salió a las calles para defender su territorio y sus derechos. La respuesta del Estado fue brutal: cientos de personas fueron detenidas, golpeadas y sometidas a innumerables vejaciones, pero uno de los capítulos más oscuros y dolorosos fue lo que vivieron decenas de mujeres que fueron arrebatadas de sus hogares, de las calles o de los grupos de manifestantes. Aunque hoy el caso se reconoce mundialmente por la lucha de 11 mujeres, la realidad es mucho más amplia: casi 50 mujeres fueron víctimas de tortura sexual durante aquel operativo, agresiones usadas como arma de guerra para castigar, humillar y silenciar a todo el pueblo. Sin embargo, por miedo, amenazas e incluso desconfianza de las autoridades, la gran mayoría decidió no continuar con los procesos legales, quedando sus historias muchas veces guardadas solo en la memoria y en su propio sufrimiento.

Pero hubo quienes decidieron no callar y tomaron la decisión de llevar su caso hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, buscando lo que hasta ahora se les ha negado: verdad, justicia y dignidad. Su lucha no fue solo por ellas, sino por todas, por el pueblo de Atenco y por todas las mujeres que han sufrido violencia a manos de agentes del Estado.

Hace exactamente ocho años, el 28 de noviembre de 2018, su resistencia obtuvo un fallo histórico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró formalmente la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones cometidas: detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, además de la negación sistemática al acceso a la justicia. El tribunal internacional no solo reconoció el daño sufrido, sino que emitió órdenes claras e ineludibles: investigar y sancionar a todos los responsables, sin importar el nivel jerárquico que ocuparan; fortalecer los mecanismos para prevenir y atender la tortura sexual contra las mujeres; crear un observatorio independiente que vigile la actuación de las fuerzas policiales, tanto federales como estatales; y brindar atención integral, médica, psicológica y de rehabilitación para las sobrevivientes.

Sin embargo, en este 2026, cuando se cumplen dos décadas de los hechos y ocho años desde que la Corte ordenó reparar el daño, la realidad es otra. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha acompañado a las mujeres durante todo este camino, alzó la voz para denunciar lo que califican como una indolencia inaceptable y un estancamiento total en el acuerdo reparatorio. Las promesas y órdenes internacionales siguen en el papel.

 Durante una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento ante la Corte IDH, las representantes y las propias sobrevivientes expusieron con dolor y firmeza que nada ha cambiado. A la fecha, no tienen acceso continuo ni adecuado a la atención médica y psicológica que requieren para sanar las secuelas físicas y emocionales que arrastran desde hace 20 años. Tampoco se han implementado las garantías de no repetición, lo que significa que el riesgo de que hechos similares vuelvan a ocurrir sigue vigente. Ninguno de los responsables, ni los que actuaron directamente ni quienes ordenaron o permitieron la represión, ha recibido sanción alguna. El observatorio independiente nunca vio la luz, y los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes.

 En las calles de San Salvador Atenco, mientras las familias preparan las ofrendas y las flores que venden en todo el país, el nombre de este pueblo vuelve a estar en las conversaciones, no por su trabajo o su cultura, sino porque sigue siendo sinónimo de impunidad. Las 11 mujeres que mantienen la demanda, y las casi 40 que decidieron no seguir el proceso, siguen esperando. Su lucha es un recordatorio de que la justicia no es un favor, sino un derecho, y que dos décadas después, el Estado mexicano todavía tiene una deuda pendiente con ellas, con su pueblo y con la historia.