Era una tarde calurosa de junio de 2018 cuando la pequeña Camila, de apenas cuatro años, tomaba de la mano a su madre mientras cruzaban el río Bravo. Habían salido de su pueblo en Oaxaca huyendo de amenazas que pusieron en riesgo sus vidas, con la esperanza de encontrar seguridad y una nueva oportunidad en Estados Unidos. Lo que no imaginaban era que, al llegar al puesto de control, serían separados bruscamente. Agentes de migración las separaron sin darles tiempo de despedirse, sin explicarles dónde irían ni cuándo volverían a verso. Camila fue llevada a un centro de retención lejano; su madre, a una estación distinta. Eran parte de una medida gubernamental llamada “Cero Tolerancia”, una política de control fronterizo que durante el primer mandato de Donald Trump derivó en la separación forzada de más de 5 mil 500 menores de sus familias —entre ellos bebés y niños muy pequeños— sin que existiera un sistema organizado para registrarlos, monitorearlos o garantizar que algún día pudiera reunirse.

Durante meses, historias como la de Camila se multiplicaron. Las imágenes de menores en instalaciones improvisadas, enjaulados y sin el cuidado adecuado, recorrieron el mundo y provocaron una ola de protestas, condenas internacionales y fallos judiciales que ordenaron detener la práctica. Ante la presión, el gobierno republicano dio marcha atrás y anunció que facilitaría la reunificación de las familias. Sin embargo, el tiempo pasó y muchas de esas conexiones se perdieron para siempre. A finales de 2024, un informe de Human Rights Watch reveló una realidad dolorosa: al menos mil 360 niños separados en ese período aún no habían logrado reencontrarse con sus padres o familiares. La ruptura, en muchos casos, se había convertido en definitiva.

El daño causado por estas medidas no tardó en ser documentado por la comunidad científica y médica. Desde 2025, instituciones de gran prestigio como la Academia Estadunidense de Pediatría, la Asociación Médica de Estados Unidos, así como asociaciones de psiquiatras y especialistas en salud infantil, han alzado la voz con una advertencia clara: ningún menor de edad inmigrante debe ser sometido a detención, sin importar la situación migratoria de su familia. En una carta dirigida al presidente y al Departamento de Seguridad Interna, los profesionales afirman categóricamente que “no hay ninguna evidencia de que cualquier tiempo en detención sea seguro para niños y que el arresto mismo presenta una amenaza directa a su salud física y emocional”. Añadieron que incluso periodos breves de reclusión pueden generar traumas profundos, trastornos de ansiedad, depresión y secuelas en la salud mental que duran toda la vida.

Las advertencias tienen respaldo en estudios anteriores. Ya en 2020, la organización Médicos por los Derechos Humanos publicó un informe concluyente: el sufrimiento extremo, la angustia y el desarraigo vividos por niños y adultos bajo la política de separación familiar cumplen con la definición de tortura, tal como la entienden los estándares médicos y legales internacionales. Desde entonces, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y miles de profesionales de la salud han pedido en repetidas ocasiones la liberación inmediata de todos los menores que permanecen en centros de detención migratoria, siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas. También figuras políticas de la oposición continúan denunciando estas prácticas como violaciones a los derechos humanos fundamentales.

Entre los testimonios que más conmueven están las palabras de los propios niños, que expresan confusión, tristeza y una sensación de injusticia que no logran comprender. Muchos dicen que lo único que desean es volver a la escuela, jugar con sus amigos y recuperar la vida que conocieron antes de ser detenidos. Uno de los relatos más difundidos fue el de una niña de siete años, recluida en las instalaciones de Dilley, Texas, que miró a su madre —una inmigrante ecuatoriana— y le preguntó con voz temblorosa: “Mamá, ¿qué crimen cometí para ser prisionera?”. La mujer, entre lágrimas, confesó a la agencia AP que no supo qué contestar. No había delito, solo la condición de haber migrado, y un sistema que decidió castigar a los más vulnerables.

Esta postura dura frente a la migración también se refleja en la relación del gobierno de Trump con las normas internacionales de protección a la infancia. El rechazo abierto hacia organismos como las Naciones Unidas ha hecho imposible que Estados Unidos ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado global más importante en materia de protección infantil. Por esta razón, el país sigue siendo el único Estado miembro de la ONU que no forma parte de este acuerdo, manteniéndose al margen de los compromisos que el resto de la comunidad internacional ha asumido para garantizar que ningún niño sea privado de su libertad o separado de su familia sin una causa justificada y legal.

 Hoy, años después de que se puso en marcha la política de “Cero Tolerancia”, las secuelas permanecen. Para millas de familias, el tiempo no ha cerrado la herida; la separación sigue siendo una realidad cotidiana, y la promesa de justicia y reparación sigue pendiente. La historia de estos niños es también la historia de una decisión política que puso el control fronterizo por encima de la protección a la infancia, dejando una lección dolorosa sobre lo que ocurre cuando las leyes y los derechos humanos quedan en el segundo plano.