Luego de la salida “exprés” de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de noviembre y la designación inmediata de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho, colectivos de familias de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos han lanzado un llamado urgente al Senado: exigir máxima transparencia y participación ciudadana en el proceso para elegir a la nueva titular de la institución. Entidades como Buscando Desaparecidos México, Artículo 19, Fundación para la Justicia y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad coinciden en que el país vive un punto de inflexión que podría repetir o corregir los graves retrocesos en materia de autonomía, transparencia y protección de los derechos de las víctimas.

El manejo acelerado: señal de control político

Las organizaciones alertan que la velocidad con la que se resolvió la separación de Gertz y la designación de Godoy confirma su peor preocupación: “la Fiscalía sigue sujeta al control político”. Para las familias de desaparecidos, esto refuerza la sensación de que la institución no responde a sus demandas de verdad y justicia, sino a intereses partidistas. Godoy, que hasta el día anterior ejercía como consejera jurídica del ejecutivo federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, asumió el cargo con la promesa de trabajar “con ética, firmeza y sentido de justicia”. Sin embargo, el contexto de su designación ha generado dudas sobre la independencia que podrá ejercer en el cargo interino.

La gestión de Gertz: una etapa marcada por retrocesos

Los colectivos resaltan que la gestión de Gertz Manero estuvo caracterizada por una serie de episodios que debilitan la credibilidad de la FGR. Entre los puntos más graves se destacan: 

- La derogación de la Ley Orgánica de la FGR, construida con participación de la sociedad civil, y su reemplazo por una legislación “a modo” que eliminó mecanismos de rendición de cuentas.

- Escándalos de posible tráfico de influencias, como el caso de su cuñada y sobrina ante la Suprema Corte.

- La actuación cuestionada de la Fiscalía en el caso del general Salvador Cienfuegos y el rancho Izaguirre.

- La ausencia total de comparecencias públicas a pesar de solicitudes formales de organizaciones especializadas.

 Para colectivos como Seguridad sin Guerra, estos hechos muestran un patrón persistente: una FGR autoritaria, opaca y subordinada a intereses políticos.

Un llamado a reconfigurar el proceso de selección

 La situación ha revivido debates antiguos sobre la necesidad de reformar el marco jurídico que rige la elección del Fiscal General. Ya en 2023, integrantes del PRI propusieron una reforma a la Constitución para permitir la participación de la sociedad civil en la selección del titular de la FGR, argumentando que el proceso actual tiene “potencial para generar influencias políticas”. Actualmente, la Constitución establece que el Senado elabora una lista de candidatos que remite al presidente, quien forma una terna para que la Cámara elija al funcionario. Las organizaciones piden que este proceso se abra a la participación ciudadana, con mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas, para asegurar que la nueva Fiscal General sea independiente y comprometida con los derechos de las víctimas.

 México se enfrenta así a un reto crucial: transformar la FGR en una institución que inspire confianza y cumpla con su deber de luchar contra la impunidad. La respuesta del Senado al llamado de la sociedad civil será determinante para definir el rumbo de la justicia en el país.