El pasado 1 de diciembre, el gobierno de Veracruz dio un paso firme en materia de responsabilidad familiar al anunciar que, por disposición oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) se ha convertido en un requisito indispensable para obtener cualquier tipo de licencia de conducir en la entidad. Con esta medida, Veracruz se suma a las entidades federativas que aplican el bloqueo de derechos a deudores alimentarios acordado desde 2023, posicionándose como una de las más estrictas por la vinculación obligatoria del trámite.

Un requisito que busca garantizar el bienestar infantil

La medida se apoya en el artículo 135 septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permite a las autoridades pedir certificados de cumplimiento de obligaciones alimentarias en trámites públicos. El objetivo es frenar el incumplimiento de pensiones, una problemática que afecta a miles de familias en el país. El certificado RNOA es gratuito, se obtiene en línea en menos de cinco minutos con el CURP y la firma electrónica, y es necesario para licencias de automovilista, chofer, motociclista y transporte público. Los solicitantes que aparezcan en el registro de deudores verán denegado el acceso a la licencia hasta regularizar su situación económica.

Además, la entidad amplió la restricción a los trámites de matrimonio: desde principios de diciembre, quienes deseen contraer vínculo también deben presentar el certificado, y el Registro Civil está obligado a informar a la pareja si uno de los contrayentes es deudor alimentario. Esta doble medida busca generar presión para que los padres y tutores cumplan con sus obligaciones legales.

Contexto nacional y local: una realidad de vulnerabilidad

La implementación de esta medida cobra especial relevancia en el contexto de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que indican que en México hay 4 millones 180 mil hogares con padres ausentes y liderados por una mujer autónoma, dependientes únicamente de su trabajo para el sustento. Además, 7 de cada 10 de estas familias tienen una madre económicamente activa entre los 30 y 34 años de edad.

Veracruz es uno de los estados con mayores índices de paternidad ausente: entre el 34 y el 36 por ciento de los hogares con hijos están encabezados por madres solteras, junto a entidades como Guerrero, Morelos y Jalisco. Estas mujeres enfrentan condiciones de trabajo adversas: ocho de cada 10 carecen de acceso a guarderías, 26.6 por ciento trabajan por cuenta propia y 44.1 por ciento no recibe prestaciones laborales, lo que dificulta aún más su capacidad para mantener a sus hijos.

Un movimiento que se expande

Veracruz se une a otras entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Querétaro, que también implementan mecanismos similares en trámites públicos. Recientemente, Nuevo León presentó su Registro Estatal de Deudores Alimentarios, con restricciones que incluyen la imposibilidad de renovar la licencia de conducir, contraer matrimonio o ocupar cargos públicos. Especialistas en derecho familiar anticipan que, dado el enfoque de Veracruz, otros estados podrían adoptar medidas similares en el futuro.

Dilemas y perspectivas

Si bien la medida representa un esfuerzo por garantizar el derecho a la manutención de los niños y adolescentes, también plantea preguntas sobre su impacto. Algunos se preguntan si bloquear la licencia de conducir —un instrumento fundamental para generar ingresos en muchas familias— podría dificultar aún más que los deudores cubran sus obligaciones. Sin embargo, las autoridades argumentan que es una forma de hacer responsables a quienes incumplen, ya que la falta de cumplimiento de pensiones genera una carga económica y emocional sobre las madres cabezas de familia y los menores.

En última instancia, la medida de Veracruz es un ejemplo de la búsqueda de equilibrios entre el derecho de los niños a ser mantenidos y la capacidad de los deudores para cumplir con sus obligaciones, en un contexto donde la protección infantil sigue siendo una prioridad nacional.