Este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia histórica en la que declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años que fue víctima de un grupo de soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007. Tras 18 años y dos meses de espera por justicia, la decisión del tribunal internacional concluye un largo camino de lucha por la verdad y la reparación para su familia.

Según la sentencia, la violación sexual y las "graves lesiones" sufridas por Ernestina Ascencio fueron la causa directa de su muerte, agravadas por el incumplimiento del Estado en brindar atención médica oportuna y adecuada. Además, la Corte responsabilizó al país por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares, quienes enfrentaron obstáculos para conocer la verdad y hacer responsables a los perpetradores.

Los hechos se remontan a febrero de 2007, cuando Ernestina fue atacada por soldados de la base militar establecida en su comunidad de Tetlalzinga. Pruebas forenses confirmaron que su muerte se debió a traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación cervical, así como a lesiones consistentes con una agresión sexual. Sin embargo, la investigación penal inicial en México fue desestimada en abril de 2007 por falta de pruebas, y la investigación militar también se archivó meses después. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacó posteriormente las irregularidades en el proceso, incluyendo prejuicios, falta de imparcialidad y exclusión de la familia en la investigación.

 La sentencia de la Corte IDH también resalta la importancia de la situación de Ernestina como mujer indígena, mayor y monolingüe, lo que amplió su vulnerabilidad a la violencia y a la discriminación. El tribunal señaló que el Estado falló en garantizar sus derechos a la integridad personal, la salud, la vida y la igualdad, así como el derecho de su familia a la justicia y a la verdad.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de militarización en México y de violencia contra mujeres indígenas, muchas de las cuales enfrentan impunidad para los crímenes cometidos contra ellas. La sentencia de la Corte IDH representa un paso crucial en la lucha contra la impunidad y en la protección de los derechos humanos en el país, al exigir al Estado mexicano que implemente medidas de reparación, incluyendo indemnizaciones a la familia de Ernestina, así como reformas sistemáticas para prevenir futuras violaciones.

 La familia de Ernestina Ascencio Rosario, acompañada de organizaciones de derechos humanos, ha mantenido una lucha constante por la justicia durante casi dos décadas. Hoy, su caso se convierte en un precedente para otras víctimas de violencia estatal en México y en toda América Latina, recordando que el derecho a la verdad y a la reparación no tiene vencimiento.