La propuesta del diputado Héctor Israel Ortiz (PAC) de reformar el Código Civil de Tlaxcala para regular la gestación subrogada desató una ola de rechazo entre colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil. Su principal temor: que esta iniciativa abra la puerta a nuevas formas de trata de personas y explote a mujeres vulnerables.

La gestación subrogada, también conocida como vientres de alquiler o maternidad subrogada, es un acuerdo de reproducción asistida donde una mujer lleva en su vientre al hijo de otra persona o pareja. Si bien puede ser una opción para quienes no pueden concebir naturalmente, plantea serias dudas éticas y legales, sobre todo por la posible explotación de mujeres con bajos recursos.

Esta no es la primera vez que se intenta legislar sobre el tema en México. En julio, la diputada Nayeli Salvatori (MORENA) propuso en Puebla una ley para regular la gestación asistida y subrogada, buscando proteger a las mujeres. Sin embargo, el estado actual de esta propuesta es incierto: no se sabe si está en comisiones, en estudios o a punto de ser votada.

 La iniciativa de Ortiz resonó a nivel internacional. El Parlamento Europeo ha pedido a su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que actúe para frenar la gestación subrogada, argumentando que implica explotación reproductiva y uso del cuerpo femenino con fines económicos, especialmente en zonas de bajos recursos.

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas también ha expresado su preocupación, señalando que la propuesta ignora la violencia contra las mujeres y que su "regulación" no es más que la legitimación de un negocio millonario a costa de ellas.

"Si se aprueba, Tlaxcala será un ejemplo de violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en América Latina y el Caribe, fortaleciendo el Estado proxeneta a nivel local y mundial", advirtió el Observatorio.

El informe "Surrogacy Market Share Report 2025" revela que la industria de la gestación subrogada movió 6 mil millones de dólares en 2018 y se espera que supere los 27.5 mil millones para 2025, mostrando el creciente interés económico en esta práctica.

Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer y la niña, advierte en su informe de julio sobre las consecuencias negativas de la reproducción subrogada: refuerzo de estereotipos sexistas, mercantilización del cuerpo femenino y aumento de la marginación y la vulnerabilidad, lo que se traduce en violencia económica, psicológica, física y reproductiva.

En México, solo Sinaloa y Tabasco han regulado la maternidad subrogada. Tabasco fue el primero en 1997, incorporando el tema a su Código Civil. En contraste, San Luis Potosí, Querétaro y Coahuila la han prohibido por completo.