Hace tres años que el asesinato de Cecilia Monzón —abogada, activista y figura pública— conmovió a México y expuso la desprotección de las mujeres que denuncian violencia de género. Este miércoles, un tribunal de Puebla dictó sentencia: declaró culpable al expolítico del PRI Javier López Zavala, padre de su hijo y expareja, así como a los sicarios que perpetraron el ataque, por el feminicidio de la líder.

El proceso judicial se extendió por más de ocho meses y contó con 80 audiencias, marcadas por aplazamientos, tácticas dilatorias de la defensa y múltiples recursos que prolongaron la espera de la familia. Al frente de la estrategia legal estuvo Helena Monzón, hermana de la activista, quien mantuvo una postura firme en la búsqueda de condenas máximas para los responsables.

"La lucha no se quedó en el tribunal", destacó Helena Monzón durante una rueda de prensa después de la sentencia. Junto a legisladoras de todos los partidos políticos, impulsó una reforma que se ha bautizado como la "ley Monzón": una medida que retira la patria potestad a los feminicidas, con el fin de proteger a las víctimas y sus hijos de cualquier tipo de control por parte de quienes las agredieron.

El caso de Cecilia Monzón fue un punto de inflexión en la movilización social en México: grupos feministas y activistas por los derechos humanos ejercieron una fuerte presión para que el caso no quedara impune, recordando que incluso mujeres con reconocimiento público y una sólida trayectoria profesional enfrentan riesgos al denunciar violencia.

Aunque la sentencia representa un paso hacia la justicia para la familia de Monzón, activistas destacan que los retos siguen siendo grandes: la implementación de la "ley Monzón" en todo el país, el fortalecimiento de los mecanismos de protección a las mujeres y la aceleración de los procesos judiciales siguen siendo pendientes para enfrentar el feminicidio en México.