En agosto de 2011 el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encarceló a dos tuiteros acusados de terrorismo equiparado y sabotaje. Las imputaciones se basaban en la difusión, a través de cuentas de Twitter y Facebook, de versiones sobre supuestos ataques del crimen organizado contra escuelas públicas el 25 de agosto –hechos que nunca se concretaron–, por lo cual ambos habían sido detenidos el día siguiente.

Una de las acusadas fue María de Jesús Bravo Pagola, reconocida periodista veracruzana, quien al cruzar la puerta del penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec (Veracruz), y gritó con emoción: "¡Éste es un triunfo de la libertad de expresión, de los tuiteros y de la sociedad!". Junto a ella fue liberado el profesor Gilberto Martínez Vera, después de que el proceso judicial contra ambos fuera sobreseído.

La detención de Bravo Pagola y Martínez Vera había generado una rápida y amplia respuesta de la sociedad, especialmente en redes sociales, donde se convocaron manifestaciones y se difundieron hashtags en su defensa. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Veracruz, condenaron la acción de las autoridades, argumentando que se trataba de una criminalización del ejercicio de la libertad de opinión y que las acusaciones de terrorismo eran desproporcionadas para la difusión de información no confirmada.

Hoy vivimos en Veracruz una situación bochornosa. Rafael León Segovia reportero de nota roja en Coatzacoalcos, fue detenido por elementos de la policía ministerial con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cumplimiento de una orden judicial girada por el juez primero de primera instancia de proceso y procedimiento penal oral del distrito de Coatzacoalcos. La FGE imputó al periodista delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, y un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa tras calificar la aprehensión como legal. La próxima audiencia para continuar con el proceso está programada para finales de diciembre.

 El caso ha generado indignación en el gremio periodístico y entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Artículo 19 México y Centroamérica documentó la detención y señaló que el proceso penal estaría relacionado con la labor informativa de León Segovia, quien se dedicaba a la cobertura de hechos policiacos y de violencia en la región sur de Veracruz. La organización exhortó a las autoridades a respetar los derechos fundamentales del periodista y a evitar la criminalización del ejercicio periodístico, destacando que este tipo de casos genera un "efecto inhibidor" en los comunicadores que cubren temas sensibles.

En medio de la polémica, la gobernadora de ese estado, Rocío Nahle García, enfatizó que las investigaciones deben desarrollarse con transparencia y dentro del marco legal. "Es importante que se respete el debido proceso para que se aclaren los hechos y se determine la verdad", dijo la gobernadora. Asimismo, pidió a la sociedad veracruzana mantener la calma y esperar los resultados de las investigaciones de las autoridades correspondientes.

Nahle García, anunció que solicitará a la fiscal general del estado que emita un boletín oficial sobre el caso del periodista Rafael León Segovia, detenido en Coatzacoalcos. En su pronunciamiento, la mandataria enfatizó que "la fiscalía es quien lleva estos temas" y resaltó el principio de igualdad ante la ley: "Es importante señalar que para la ley todos somos iguales, periodistas, reporteros, profesionistas, carpinteros, lo que seamos".

 La detención de Rafael León Segovia se suma a otros casos de periodistas enfrentando procesos judiciales en distintas entidades del país, lo que ha generado preocupación por el estado de la libertad de prensa en México.