Este martes por la mañana, el pleito entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de Claudia Sheinbaum por las deudas fiscales del magnate escaló a niveles internacionales, luego de que el dueño de TV Azteca solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptar su denuncia contra el Estado mexicano. Salinas Pliego argumenta ser objeto de "persecución" desde 2023, cuando la actual administración intensificó las acciones para cobrar los dineros que debe al fisco, algunos de los cuales datan de 2007.

Las deudas fiscales del grupo empresarial de Salinas Pliego son significativas: en marzo de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ascendían a más de 63 mil millones de pesos, y posteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimó que superan los 74 mil millones de pesos. El titular del SAT en esa época detalló que más del 90% de este monto se relaciona con temas de consolidación fiscal que se remontan entre 1982 y 2013, cuando existía una figura que permitía diferir el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) y sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial, la cual fue cancelada en 2013.

Durante la gestión de Sheinbaum, el conflicto ha adquirido nuevas dimensiones. La presidenta ha señalado la intervención del Poder Judicial en el caso, criticando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya aceptado amparos que permitieron a Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, posponer el pago de la deuda. Además, acusó al magnate de mantener "vínculos corruptos con jueces, magistrados y ministros" para evadir los pagos correspondientes al fisco.

 En su solicitud ante la CIDH, Salinas Pliego afirma que la acción del Gobierno mexicano constituye una violación a sus derechos humanos, calificando las medidas fiscales como una campaña de persecución política. Por su parte, el Gobierno de Sheinbaum ha enfatizado que sus acciones buscan garantizar el cumplimiento de la ley fiscal, erradicar la corrupción dentro del sistema judicial y asegurar que todos los contribuyentes paguen lo que les corresponde para financiar los programas de bienestar y el desarrollo del país.

El empresario respondió a las acusaciones del gobierno señalando que se trata de un "golpe de estado" y que se está utilizando como chivo expiatorio para distraer la atención de otros problemas nacionales, como la delincuencia organizada, el robo de combustibles y la debilidad económica. Por el contrario, la administración sheinbaumista ha destacado que su reforma judicial busca fortalecer el sistema de justicia para que sirva a los intereses del pueblo y no a grupos económicos poderosos.