Por Mar Morales

A martillazos. Así le quitaron la vida a Cindy Medrano y su madre, Teresita de Jesús.

Esto ocurrió en Cuautitlán, Estado de México, donde el olor a sangre y muerte sigue persiguiendo a las mujeres y la impunidad es cómplice por omisión.

Fue la tarde del martes 13 cuando familiares de las dos mujeres asesinadas llegaron a su domicilio para presenciar una escena de terror: ellas, Cindy y Teresita estaban muertas, Damián, de seis años, hijo de Cindy, estaba temblando de miedo escondido en el baño y la más pequeña de la familia, Erika Camila, estaba desaparecida. En el lugar estaba un martillo con restos de sangre. El asesino no le perdonó la vida ni a la mascota de la familia, quien yacía destrozada en el lugar.

Cindy había denunciado con anterioridad a su ex pareja sentimental, Alejandro “N” por violencia intrafamiliar. Incluso, presentó una denuncia cuando estaba terriblemente golpeada. La denuncia no prosperó y ella decidió abandonar el hogar conyugal junto con sus dos hijos.

El pequeño Damián narró a media voz el asesinato de su madre y su abuela. La niña, desaparecida por varias horas, fue rescatada y ambos están siendo atendidos en el DIF mexiquense. No sabemos si algún día olviden lo vivido. Los dos, a su corta edad, presenciaron lo que ninguna criatura debe presenciar: una vida con violencia extrema que culminó en un doble feminicidio.

El caso de Cindy, Teresita y Erika Camila no es un episodio aislado; es el reflejo palpable de una crisis que azota a México desde hace más de una década. Según datos del Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2025 se contabilizaron 501 asesinatos de niñas y adolescentes en el país, pero solo 58 fueron investigados como feminicidio, una cifra que pone de manifiesto un grave subregistro que invisibiliza la naturaleza de género de muchos de estos crímenes.

La magnitud del problema cobra aún más relevancia al observar la tendencia a largo plazo: entre 2015 y noviembre de 2025, se documentaron 884 feminicidios de niñas y adolescentes en todo México. La violencia muestra además un patrón territorializado y persistente: el Estado de México concentra el mayor número de casos con 145, seguido de Veracruz y Jalisco. En 2025 solo, esta entidad registró 310 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales apenas 52 recibieron la clasificación de feminicidio.

Este desajuste entre los asesinatos y los casos clasificados como feminicidio revela fallas estructurales en el sistema de justicia: desde la falta de capacitación de personal operativo para identificar señales de violencia de género, hasta la resistencia a reconocer que las niñas y adolescentes también son blancos de este tipo de crimen. La invisibilización de estos hechos impide que se implementen políticas públicas específicas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.

 La crisis demanda una respuesta integral que vaya más allá de las condenas aisladas: se requiere fortalecer los mecanismos de registro, mejorar la investigación de los casos, y diseñar estrategias territorializadas que aborden las causas profundas de la violencia contra las niñas y adolescentes en cada estado del país.