El estado de Veracruz es el más letal para ejercer el periodismo en México, y encima hay un debate en torno a la permanencia o no de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), institución encargada de proteger al gremio. 

La polémica ya escaló, incluso, podría decir que a niveles preocupantes.

Apenas hace unos días, en la madrugada del jueves 11 de junio, fue asesinado a tiros en Poza Rica el periodista Luis Ángel López Valdez, quien cubría fuentes policiales y de seguridad. Y nueve días antes, el 2 de junio, ocurrió el secuestro de la reportera Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, un hecho que ella misma alcanzó a videograbar antes de ser llevado y de la cual, hasta la fecha, sigue sin conocerse su desfile.

Parados en un barril de pólvora a punto de estallar las opiniones se dividen. Por un lado algunos y algunos periodistas dicen que la CEAPP debe desaparecer. Por el otro, la gobernadora Rocío Nahle sugiere que sean los periodistas los que deciden el destino de la dependencia. 

Estoy segura de que quienes desean la desaparición nunca han sufrido amenazas, o un atentado, o un secuestro.

 En medio de todo se asoma una verdad que nadie intenta ocultar: hay muchas fallas en el CEAPP. Deficiencias en los procedimientos, lentitud en las respuestas, omisiones que duelen y estructuras que no siempre responden a lo que prometen. Claro que sí. Pero también hay que decirlo con claridad: ninguna dependencia pública es perfecta; en toda institución del Estado se encuentran errores, desviaciones o áreas por mejorar. La diferencia abismal está en las consecuencias que esas fallas tienen cuando ocurren en un contexto como el de Veracruz, un lugar donde ejercer el periodismo ya es, por sí mismo, una actividad de alto riesgo.

Lo que no funciona no es solo un trámite lento o un informe incompleto: puede ser la diferencia entre recibir protección o quedar totalmente desamparado; entre que se atienda una amenaza o ésta se convertirá en tragedia. Por eso, señala lo que está mal es necesario, pero ya no es suficiente. Dadas las condiciones que se respiran en el estado, lo que verdaderamente urgen son propuestas serias, consensuadas y con voluntad política real de aplicar. Hacen falta mesas de análisis permanentes —donde los periodistas no sean invitados ocasionales, sino protagonistas— para poner sobre la mesa cada una de las aristas de su realidad.

 Hay que revisar a fondo su situación legal: cuántos trabajan en la indefinición, expuestos a demandas arbitrarias o procesos que parecen diseñados para llamar más que para juzgar. Hay que hablar sin rodeos de los abusos cotidianos: esos que ocurren en los retenes, frente a edificios públicos oa través de llamadas anónimas, y que muchas veces se archivan como “sin datos”. Hay que poner en el centro la seguridad, esa palabra que suena bien en discursos pero que rara vez se traduce en respaldo efectivo para quien investiga temas sensibles. Y tampoco podemos dejar fuera la precariedad laboral: salarios miserables, falta de prestaciones, contratos que no existen y la obligación de costearse uno mismo el transporte, el equipo y hasta la protección personal.

 Todo esto ocurre mientras el panorama nacional nos lanza una cifra escalofriante que debería avergonzarnos como sociedad: cada 14 horas, en algún punto del país, un periodista sufre algún tipo de agresión. Y lo más doloroso y revelador: nos enteramos casi exclusivamente cuando el ataque termina en asesinato. Entre una muerte y otra, hay cientos de amenazas, golpes, decomisos de equipo, bloqueos a la información y vigilancia indebida que permanecen invisibles, sin registro oficial confiable, sin investigación, sin castigo.

 Esa invisibilidad es, quizás, la falla más grave de todas: permite que la violencia se normalice y que parezca que “no pasa tanto” cuando no hay cadáveres de por medio.

 Así que sí: sigamos señalando lo que falla en el CEAPP y en cualquier otra instancia encargada de proteger el derecho a informar. Pero no nos quedamos solo en la queja. Transformemos la crítica en exigencias concretas: mecanismos que realmente funcionan, presupuestos suficientes, reglas claras y, sobre todo, la decisión política de entender que atacar a un periodista es mutilar el derecho de toda la ciudadanía a saber.

 Las mesas de diálogo no son reuniones de protocolo. Las propuestas serias no son documentos para archivar. Son herramientas indispensables para evitar que, dentro de poco, la cifra de cada 14 horas siga creciendo y sigamos enterándonos solo cuando ya es demasiado tarde.